Debido a una serie de preguntas y confusiones que nos han llegado, relativas al concurso de proyectos que darán vida al nuevo aeropuerto de la ciudad de México, en el tema de movimientos de tierra y sindicales, emitimos la presente comunicación:
Ninguna organización, coalición, sindicato o grupo, ningún político, o funcionario, pueden ni deben obligar a ninguna empresa o recurrir a una determinada organización o, en su caso a un grupo de estas.
Los contratos por obra determinada, derivados de las licitaciones que en la actualidad se están llevando a cabo para el proyecto del nuevo Aeropuerto de la ciudad de México, no obligan ni exigen la contratación de nadie en especifico. Si así fuera sería muy controversial y desafiaría las leyes de obra pública y la ética de los funcionarios que así lo sugirieran. Es también importante aclarar que ninguna organización puede aún ostentar el contrato por obra determinada de un proyecto que todavía no ha sido asignado.
En suma, nadie puede ni debe pedir cuotas de afiliación, dádivas, cooperación o ayuda con pretexto de otorgar contratos de acarreo o venta de material. Hacerlo no solo es indebido sino que puede conformar un delito.
Los únicos privilegiados son aquellos propietarios de minas y tiros cercanos a la zona del aeropuerto, con el material adecuado y/o con los permisos legales respectivos y tendrán un costo de oportunidad ventajoso por obvias razones.
También será obligación de todos los transportistas y desde luego de las empresas involucradas, el pago del Seguro Social de todos los trabajadores involucrados en el acarreo, carga y movimiento de materiales, sin excepción alguna. Subrayamos en especial el tema porque los transportistas en sus costos NO suelen calcular el costo de esta carga social y su facturación la hacen por medio de terceros que tienden a ignorar esta obligación.
Es conveniente señalar que la ambición por detentar los contratos colectivos en la zona son derivados en gran medida por el cobro de “comisiones” a los transportistas que van de 5% al 15% y, desde luego, a la evasión que algunas organizaciones hacen del I.V.A y del impuesto sobre la renta, con las consecuencias legales que provocarán a las empresas que facturen con ellos, por lo que recomendamos hagan una meticulosa selección de la organización que ejecute los trabajos y de su reputación, para cumplir con el pago íntegro a sus asociados y del cumplimiento cabal de las obligaciones fiscales, las cuales muy probablemente sean por medio de una empresa como “socio de negocio” del sindicato.
Sugerimos de manera muy especial, que la única forma de que se logre confirmar el pago de las cuotas obrero patronales de los transportistas e incluso del pago al pequeño propietario, será por medio de una cooperativa. Sin embargo, su implementación será un tema que, debido a las presiones, no vemos probable se pueda alcanzar en este particular proyecto.
El arrendamiento o “leasing”, será una forma legítima por parte de las constructoras para acceder al menos en parte, a las flotas necesarias para cumplir con el proyecto, por lo que ésta modalidad no está por supuesto ni vetada ni prohibida.
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